:: Otra de la tremenda corte

Columna Diario Correo
Por Aldo Mariàtegui

Tal vez suene desagradable decirlo, pero qué poca gracia me hace que nuestros impuestos –que son tan altos y que provienen del dinero que tanto nos cuesta ganar– estén ahora dirigidos a darles plata a supuestos senderistas y familiares por un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del penal Castro Castro. Se ha establecido un pago de US$50 mil para los 41 fallecidos, de US$10 mil a US$25 mil para los sobrevivientes y de US$10 mil para los familiares. ¡Qué buen negocio resultó poner bombas para algunos! Y los que las sufrimos encima ahora les damos dinero… Y claro, La República celebra esto sólo por fregar a Fujimori, cuando es un tema que nos termina costando –moral y materialmente– a todos.
Como se recordará, este penal tuvo que ser retomado por las fuerzas del orden el 6 de mayo de 1992 porque estaba absolutamente controlado por el senderismo en momentos en que el país se caía a pedazos, tan es así que basta recordar las fotos publicadas en aquella época, donde se veían vistosos desfiles políticos a la moda china y todas las paredes pintadas con la basura propagandística senderista. Pero según esta corte, debió antes darse un motín para justificar el operativo… ¡Qué motín, por favor, si la cárcel,salvo el perímetro externo, estaba tomada hacía tiempo y era tanto una universidad del terror como un centro de planeamiento de atentados!
Y la Corte se rasga las vestiduras con la cantidad de mujeres afectadas, seguramente porque desconoce que las féminas eran las más fanáticas y violentas de las huestes senderistas. También se escandaliza de que se hayan utilizado “armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, paralizantes y vomitivas, además de francotiradores”. ¿Son huevones o se hacen? ¿Cómo diablos creen que se iba a poder reducir a los senderistas que controlaban el penal? ¿Pidiéndoles por favor que se rindan? ¿Creen que la operación iba a ser con pistolitas de agua y serpentinas? En cambio, sí no hay dinero –pero sí juicios muchas veces– para los policías y militares mutilados por el terror o para sus familiares.
¡Qué pena que hayamos caído judicialmente en las manos de los caviares internacionales, entregando nuestra soberanía judicial a una corte dominada por un grupito de una ideología determinada y que tengamos que acatar fallos tan dolorosos e indignantes como éste! ¡Qué pena que no seamos capaces de tener una justicia interna decente, independiente y eficiente, por lo que le damos argumentos a quienes dicen que no queda más remedio que aguantar a esta Corte como un mal menor! La verdad es que uno lee fallos como éste y provoca mandarlos bien lejos y largarnos de allí ya, como hizo Trinidad y Tobago sin que le pasase nada.