E-mail minero (16/09)

A propósito de Majaz, un amigo minero me manda un e-mail interesante. Lo copio parcialmente porque –estemos de acuerdo o no con su perspectiva– enriquece el debate: “El inversionista minero, nacional o extranjero, adquiere del Estado concesiones de explotación en áreas donde éste dice tener los derechos de los recursos del subsuelo. Luego de pagar al Estado por esos derechos y de invertir en su desarrollo, cumpliendo con toda la normatividad vigente (que no es poca), el mismo Estado le dice al inversionista que para poder usufructuar del derecho adquirido tiene que además obtener una ‘licencia social’ de las comunidades circundantes a la concesión, lo que implica admitir que el Estado ha cedido un derecho que no tiene, y por tanto no es suyo, lo que configuraría una forma de estafa. Es como que uno comprara un departamento en un edificio, y luego de revisar la titularidad del predio, pagarlo y registrarlo en RRPP, la municipalidad distrital le exigiera además obtener la aprobación y visto bueno de los vecinos del edificio para poderse mudar y vivir en él. Y luego de solicitar esa aprobación a los vecinos, estos le exigieran que primero debe pintar todo el edificio, arreglar el parque de enfrente y dar una fiesta con buffet y orquesta para todos los vecinos, sin lo cual no le darán la ‘licencia social’. ¿Qué haría uno en ese caso? ¿Denunciar a quien le vendió el departamento por ‘vicio oculto’, exigiéndole la devolución del dinero más intereses, daños y perjuicios? ¿O a la municipalidad por atropellar nuestro derecho a la propiedad y a su libre usufructo? ¿O a los vecinos por exigirnos obligaciones a derechos que no tienen? Esa es más o menos la situación absurda en que se encuentran los mineros, donde el vendedor del predio es el Estado, los vecinos son las comunidades y la municipalidad son los gobiernos regionales y locales, pero con el agravante de que el encargado de resolver legalmente este entuerto es el Estado, ¡O sea, el mismo que nos vendió el departamento!, y que obviamente dirá que el culpable es uno por incumplir las normas municipales y el reglamento vecinal. Por tanto, nos pide que le devolvamos el departamento calladito nomás y que no hagamos mucho lío si no queremos terminar peor. Eso es más o menos lo que le ocurrió a Manhattan con Tambogrande hace cinco años y está por ocurrir nuevamente en Majaz, gracias a la astuta estrategia de los mismos curas diablos, radios rojas y ONG antimineras.
Y a la negligencia y lenidad del Estado y sus autoridades. ¿Es o no una estafa? (…) Y el canon no es una ‘obligación’ de las mineras sino una decisión tomada por el Estado de distribuir el 50% de los impuestos, que de todas formas éstas deben pagarle, entre los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, se les atribuye (a las mineras) la responsabilidad de su mala administración”.