Necia terquedad (12/06)

Los congresistas humalistas –y Carrasco Távara– parecen extraídos de una mala película “B” china, de esas de comicidad simplona, a lo Cantinflas, con cine-terror de última ralea. Es que la ignorancia y el resentimiento social los vuelven como esos zombies del cineasta George Romero, descerebrados muertos vivientes que persisten en buscar fregarle la vida al país con el populismo más imbécil. No sé cómo se puede idealizar la C-79, mamotreto socialistoide parido en un costoso y largo circo impuesto por la dictadura, que tuvo la insolencia de devolverla con observaciones el 12 de julio de 1979.

Los partidos debieron exigir elecciones generales inmediatas en 1978 y boicotear la Constituyente para que los debilitados golpistas se larguen cuanto antes. Pero no: se prestaron serviles al juego de Morales Bermúdez. Belaunde debió derogarla apenas asumió en 1980 y volver a la C-33 (que sólo necesitaba algunos pequeños cambios), pero el arquitecto se moría de miedo de los milicos.

Muestro algunas perlas: el Art. 110 (“El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social”) introduce la coartada demagógica de la “justicia social” para cualquier disparate, mientras que el Art. 111 (“El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad empresarial del Sector Público y orientan en forma concertada la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio”) nos vuelve una potencial Cuba, pues el Estado te puede obligar a “concertar” como quiera.

Los artículos 113 (“El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país”) y 114 (“Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios”) imponen el estatismo, mientras que el 115 (“el Estado estimula y reglamenta su ejercicio –se refiere a la iniciativa privada– para armonizarla con el interés social”) y el 117 (“El comercio exterior es libre dentro de las limitaciones que la ley determina por razones de interés social”) son rojazos. ¡Por eso Ollanta Humala desea su retorno! ¿O acaso Chávez y Evo no estarían felices con artículos como el 124 (“La propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social”) y el 130 (“Las empresas [...] son unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común son exigibles por el Estado de acuerdo a la ley”).

Y los artículos 140 y 262 (inc. 6) les otorgaban peligrosísimas facultades financieras a las regiones, lo que nos haría acabar quebrados como Argentina en el 2000 o Brasil en 1998 (cuando el gobernador Itamar Franco desencadenó una megadevaluación). ¡Imagínense a Álvarez de Áncash o Fuentes de Puno con la capacidad de emitir bonos o concertar deuda externa! Y hay más barbaridades, como el Art. 187, que establecía la “retroactividad benigna laboral”. En cualquier momento te podían meter un torpedo demagógico que hundía tu empresa. No, si esta C-79 es una porquería que nos hundió hasta 1992 y que no debe volver.

Y no digan que quedaría bien con unos cuantos cambios: modificarla equivale a una pésima operación transexual. Si retorna alguna vez, aconsejo emigrar. Esto ya no tendría remedio.