Con más de un mes de antelación los congresistas se disputan, a través de trascendidos y declaraciones, la presidencia del Congreso de la República. Lo que aparece en los medios de comunicación sirve en tanto los ciudadanos podamos formarnos una opinión, pero no sirve en tanto son los acuerdos políticos –o de otro tipo– los que definirán la conformación de la nueva Mesa Directiva.
Congresistas más, congresistas menos, la postulación oficialista cuenta con aproximadamente 54 votos, en donde debe considerarse, entre otros, a la Célula Parlamentaria Aprista, el grupo de UPP que siempre vota con el gobierno, los congresistas que ingresaron por Unidad Nacional pero que pertenecen a Renovación (liderados por el ministro Rafael Rey) y Solidaridad Nacional (que siguen a Luis Castañeda Lossio), a los que deben sumarse tres votos de Torres Caro, Gustavo Espinoza y Rocío González.
Es claramente insuficiente. El APRA requeriría los votos de los parlamentarios evangelistas y algunas defecciones del resto de UPP para hacerse de la presidencia del Congreso por tercer año consecutivo.
¿Podrá ponerse de acuerdo lo que debería ser la oposición en un candidato y en una plataforma?
Luego de que el supuesto candidato del aprismo, Velásquez Quesquén, se anuncie como “un soldado más” del gobierno de Alan García, es claro que lo que requiere el Parlamento es un liderazgo democrático, que sepa construir un balance al Ejecutivo.
Es en este sentido que no debe ser difícil la conformación de una plataforma de oposición, basada no en la aprobación de determinadas leyes, sino en la recuperación del Congreso de sus funciones de control político y representación de sus electores.
Es difícil que sectores de Unidad Nacional o Alianza Parlamentaria puedan coincidir programáticamente con los seguidores de Ollanta Humala, pero sí pueden coincidir en recuperar instancias de control político, modificando el reglamento del Congreso, por un lado, y promoviendo un trabajo eficiente de fiscalización por parte de todas las comisiones ordinarias.
De igual manera, rescatar lo que fuera propuesta de Javier Bedoya en las pasadas elecciones a la Mesa Directiva del Congreso: regresar a las regiones a escuchar la voz de los ciudadanos, con el fin de evitar que la resolución de conflictos tome una vía violenta.
La plataforma de la oposición debe ser sencilla pero clara: menos leyes y más control. Está demostrado que el Congreso debe monitorear el accionar del Ejecutivo para que hechos como los reclamos de Moquegua de las semanas pasadas no se repitan. Hacer cumplir las leyes y sancionar a los que las incumplan debería ser el verdadero programa de acción de una gestión de oposición política. Veremos si priman las ideas antes que la vanidad.
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