Tras el reciente tsunami de reformas -comparables en profundidad, importancia y extensión a las realizadas por los ministros Pedro Beltrán en 1962, Manuel Ulloa en 1967 y Carlos Boloña en 1992; sólo que éstas no partieron sólo del MEF como en estos tres casos sino que fueron elaboradas por el gabinete entero- que el gobierno acaba de lanzar al amparo de las facultades delegadas para implementar el TLC con EEUU, mal haría el Ejecutivo en caer en la complacencia y dedicarse sólo a la administración diaria de aquí en adelante. Si bien nos han tapado la boca a los que clamábamos por cambios estructurales y se ha roto el pronóstico de que ya no emprenderían este tipo de acciones pasada la luna de miel del primer año de gobierno, García debería abocarse ahora a dos temas urgentes, sin descuidar la lucha contra la pobreza y las mejoras en los servicios de salud, educación y saneamiento.
Me refiero a seguridad pública y seguridad jurídica. Lo primero pasa no sólo por seguir repotenciando a la Policía, sino por embarcarse en un programa muy agresivo de construcción de penales, ya que la experiencia y literatura sobre el tema muestran que una disminución drástica del crimen va muy de la mano con la expansión de los centros penales, amén que esa sobresaturación que experimentan actualmente nuestras prisiones es inhumana en promiscuidad, abuso y suciedad, genera universidades del hampa y puede desencadenar alguna tremenda tragedia.
Se pueden tomar medidas veloces, como habilitar penales en islas cercanas como las chalacas El Frontón, San Lorenzo, Pachacámac (para mujeres, por estar relativamente cerca) o la piurana Lobos de Tierra. Allí no tienes que meter mucho dinero en infraestructura, salvo instalaciones de agua potable y grupos electrógenos, porque habilitar el selvático SEPA sale muy caro. Es más, se vende el penal de Santa Mónica (el metro cuadrado en la chorrillana avenida Huaylas ha subido mucho) y ya estaría algo financiado este traslado insular. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anda muy dormida en este aspecto. Popy Olivera levantó el penal de Piedras Gordas en tan sólo un año y en un momento en que no se tenía el dinero de ahora.
El otro frente a trabajar es el Poder Judicial. Tiene toda la razón su titular, Francisco Távara -ya me recuerda a Ricardo Palma cuando era llamado “el bibliotecario mendigo” tras el saqueo chileno-, en exigir más atención y dinero. Por ejemplo, no tienen espacio para trabajar cuando el gobierno bien podría asignarles la Torre de Lima, ese inmenso edificio abandonado de EsSalud en Arenales o adquirir el Sheraton para que allí se centralice nuestro Poder Judicial. También se debe retroceder en esa solución mezquina de rebajarle los sueldos a los vocales supremos (y de paso derogar esa absurda disposición que ata los ingresos de los catedráticos públicos a los magistrados. ¿Qué tiene que ver la labor y el número de uno con los de los otros?). Y claro, entrar a una “computarización”, capacitación y moralización profundas allí, amén de acelerar la implementación del nuevo Código Procesal Penal y modernizar el Código Civil.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario